Un vistazo rápido al Real Decreto 56/2016

Desde que entrase en vigor el pasado 14 de febrero, el Real Decreto 56/2016, que traspone la Directiva 27/2012/UE sobre Eficiencia Energética en lo referente a las auditorías energéticas, tanto empresas dedicadas a la eficiencia energética, como aquellas a las que atañe de alguna u otra forma, han tenido muchas dudas a la hora de su interpretación. Por lo tanto, en este post vamos a tratar los principales puntos para intentar aclararlo un poco más.

En primer lugar, este Real Decreto afecta a las grandes empresas, es decir, aquellas con más de 250 empleados, o con un volumen de negocio que supere los 50 millones de euros y cuyo balance general sobrepase los 43 millones de euros, excluyendo expresamente las microempresas y PyMEs del RD. En el caso particular de los grupos de sociedades, la auditoría tendrá en cuenta todas las que estén vinculadas al grupo, siempre que se den las condiciones que marca el Real Decreto. Aclarar también que es la empresa quien debe contar con la auditoría, no las edificaciones o infraestructuras, por lo que independientemente de quien sea la propiedad, será la empresa la responsable de realizarlo.

Por tanto, todas aquellas empresas que hayan cumplido la condición que marca el RD al menos dos ejercicios consecutivos, tienen nueve meses desde la entrada en vigor del decreto (hasta el 15 de noviembre de este año) para realizar la auditoría. Se tomarán como válidas aquellas realizadas desde diciembre de 2012 y que se ajusten a la normativa, o aquellos sistemas de gestión energética o ambiental basados en las normas UNE o ISO como la ISO 50001 y realizados por organismos independientes. En caso de optar por la opción de la auditoría, deberán repetirla cada cuatro años desde la fecha de la anterior.

Una vez que tenemos claro que nuestra empresa es una de las que deben realizar la auditoría, la siguiente pregunta es quién nos la puede hacer. En este punto solamente un auditor energético nos puede gestionar el trámite. Hay dos tipos de auditores, los que tienen alguna titulación universitaria en la que se dé esta materia, que estén acreditados por un curso de conocimientos específicos de la materia si tienen un certificado de profesionalidad o que tengan reconocida la competencia profesional en base a la experiencia. Existe la posibilidad que un técnico cualificado de nuestra empresa realice las auditorías, siempre y cuando no tenga relación directa con la actividad auditada y pertenezca a un departamento de control interno de la empresa.

¿Y qué apartados debe tocar la auditoría? Se deben medir todos los consumos de la empresa, es decir, los edificios, instalaciones, servicios e incluso el transporte vinculado a la empresa realizando un examen pormenorizado de su perfil de consumo, sin necesidad de marcar o adoptar medidas de ahorro de ningún tipo, y basándose, cuando sea posible en análisis de coste del ciclo de vida mejor que en amortizaciones simples. Se debe cubrir al menos el 85% de todos los consumos efectuados en territorio nacional, usando datos de consumo actualizados, medidos y verificables, y los perfiles de carga eléctrica en caso de disponer de ellos. Todo ello, proporcionando una imagen fiable y representativa del rendimiento energético global, pudiéndose, con ello, identificar las oportunidades de optimizar el consumo.

Una vez realizada la auditoría, solo habrá que registrar una comunicación con una información básica sobre la misma, sin necesidad de adjuntarla, ante el órgano competente en la comunidad autonómica donde se encuentre el centro de trabajo, y estos lo remitirán al registro de auditorías en la Dirección General de Política Energética y Minas. Las CCAA controlarán, inspeccionarán y sancionarán todo lo referente a las auditorías, con la salvedad de quienes tengan sedes en distintas CCAA, en cuyo caso será el Ministerio quien contrastará los datos, pero si hubiera algún incumplimiento, no se regula quien tendría la potestad sancionadora.​

Y en caso que se produjera alguna sanción, irían hasta los 60.000 euros si no se realiza la auditoría, 10.000 euros si no se hace de manera correcta o 1.000 euros si no se comunica ante el organismo correspondiente. Todo ello está reflejado en los artículos 80 y 81 de la Ley 18/2014.

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